Todos los esfuerzos realizados por el grupo de gobierno han sido baldíos.
El patrimonio cultural e histórico de Zuia va a sufrir una pérdida importante con el derribo del antiguo Convento de las Hermanas de la Caridad. Un edificio desarrollado alrededor del volumen central de la Iglesia, con su fachada neoclásica, un frontón curvo y decoración a base de molduras, que en sus más de 5.500 metros construidos ha tenido diferentes usos desde el religioso hasta el educativo y residencial. Ni sus 150 años de vida ni su gran porte no han sido suficientes para que la propiedad retomase su decisión de derribo. Ya en 2016 se derribó el ala izquierda para ampliar la nueva residencia, rompiendo la simetría existente, provocando la pérdida de su imagen monástica, compacta y armoniosa.
El Ayuntamiento ha llevado a cabo numerosos contactos con diferentes instituciones. Así, se realizó una visita conjunta con personal técnico especializado en rehabilitaciones y representantes del departamento de vivienda del gobierno vasca y del ayuntamiento. La conclusión fue clara: el edificio no presentaba peligro inminente de colapso y, más aún, su configuración en cuanto a alturas de plantas y huecos en los muros le dotaban de un gran potencial para dedicarlo a uso habitacional.
La propiedad, sin embargo, no ha modificado ni un ápice su postura, alegando que la decisión ya estaba tomada en los altos órganos de la comunidad y ni han convenido en reunirse con representantes del ayuntamiento. Igual de infructuosos han sido los esfuerzos del departamento de patrimonio cultural de la Diputación Foral de Álava.
En palabras de Unai Gutierrez Urkiza, alcalde del ayuntamiento de Zuia, se trata de “una gran pérdida en todos los aspectos La posibilidad de darle una etapa más a este edificio tendría un impacto social positivo innegable. Dotaría de vida, preferentemente joven, al entorno y uniría dos realidades que, desgraciadamente, están tan lejanas en nuestra sociedad. El proyecto del ayuntamiento contemplaba la utilización mayoritaria del edificio con fines residenciales, ni se descartaban tampoco espacios de uso público comunes que pudiesen fomentar la convivencia intergeneracional, así como espacios de servicio o comerciales.”
Añade, además, que “en todo este asunto, hay algo que no entendemos. El ayuntamiento asumiría todos los posibles peligros que argumenta la congregación y las propietarias sólo deben reconsiderar la decisión de derrumbe. El balance no puede ser más positivo.”